La ley ya te obliga: la pregunta es cómo lo gestionas

Desde el primer contrato que firmas como empresa, la legislación española te obliga a contar con un protocolo de prevención del acoso laboral y sexual. No es una recomendación de buenas prácticas: es una obligación legal, y no tenerlo —o tenerlo pero no activarlo cuando llega una denuncia interna— se considera infracción muy grave, con sanciones que pueden superar los 200.000 €.

El problema, en la práctica, no suele ser la falta de voluntad, sino que el protocolo se queda en un documento archivado que nadie sabe cómo poner en marcha el día que hace falta. Un protocolo sin un procedimiento real de mediación detrás es, en el mejor de los casos, papel; y en el peor, una falsa sensación de estar cubierto.

Contar con un mediador externo de confianza, al que recurrir en el momento en que surge una queja, convierte esa obligación legal en algo que sí funciona: una vía de intervención rápida, neutral y documentada, que protege tanto a las personas implicadas como a la empresa.